Para la fiscalía quedó acreditado que entre agosto de 2014 y noviembre de 2018, en Olavarría los siete acusados comercializaban de cocaína al menudeo, que operaba a partir de un esquema de pedidos que recibían de manera telefónica.
El fiscal general Fabián Céliz y el auxiliar fiscal Carlos Fioriti solicitaron ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata penas de entre cuatro y ocho años de prisión para siete personas acusadas de integrar una banda narco delivery en Olavarría.
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, a lo largo del debate quedó demostrado que los acusados eran parte de una organización que vendía cocaína y operaba ante pedidos telefónicos de sus clientes y luego distribuía el material con la modalidad de envío a domicilio.
En una audiencia realizada por medios remotos, la fiscalía solicitó que se condene a Pablo Rubén Cairo, Marcos Aaron Cairo y Héctor Alejandro García como coautores del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas, mientras que para Hugo Martín Paroli, el pedido fue de seis años de prisión, también en calidad de coautor. En tanto, para Gerardo Omar Pacheco, Martín Leal y Ramiro Oscar Jouandon, el pedido de penas fue de cuatro años de prisión, por considerarlos partícipes secundarios.
Para la fiscalía, a lo largo del juicio quedó acreditado que desde agosto de 2014 y hasta el 13 de noviembre de 2018, Pablo Cairo lideraba una banda dedicada a la comercialización de cocaína al menudeo en la ciudad de Olavarría, que operaba a partir de un esquema de pedidos que recibían de manera telefónica, para luego pactar lugares de entrega. Según la acusación, su hermano Marcos era el encargado de ocultar el material estupefaciente y fraccionarlo, mientras que Alejandro García oficiaba de nexo entre los líderes de la organización y Martín Paroli, quien se encargaba luego de manejar a los punteros responsables de la venta minorista, entre los que se encontraban Pacheco, Leal y Jouandon.
La fiscalía remarcó que la investigación nació a partir de una denuncia anónima en la que se daba cuenta de que Pablo Cairo llevaba a cabo la venta de estupefacientes en la ciudad. Las tareas de investigación permitieron confirmar que el acusado tenía ya varias causas previas por infracción a la ley 23.737, que reprime conductas ligadas al narcotráfico, y durante el trabajo de campo realizado varios vecinos de la zona confirmaron que se trataba de una persona conflictiva, y que su vivienda había sido allanada en varias ocasiones, todas ellas relacionadas con la comercialización de droga.
Las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación permitieron reconocer los teléfonos utilizados por los imputados, como también que al momento de realizar transacciones comerciales hablaban en código para no ser descubiertos. El 23 de noviembre de 2018, el juzgado instructor ordenó el allanamiento de la vivienda personal de Pablo Cairo y de una quinta de su propiedad, como también de las viviendas del resto de los imputados. Como resultado, se hallaron 186,35 gramos de cocaína y 3.1 gramos de marihuana, junto con balanzas de precisión, elementos de corte, recortes de nylon y bandas elásticas, todos elementos utilizados, de acuerdo al alegato, en el fraccionamiento de droga para venta al menudeo.
Junto con el pedido de penas, Céliz y Fioriti solicitaron también el decomiso de un automóvil Ford Focus perteneciente a Martín Paroli, una camioneta Toyota Hilux propiedad de Alejandro García y otra de Marcos Cairo, y un automóvil Volkswagen Vento perteneciente a Martín Leal, todos ellos secuestrados durante el operativo de 2018. Solicitó además el decomiso de 184.380 pesos, 615 dólares y 140 euros que fueron hallados durante los allanamientos, y que para el Ministerio Público Fiscal son ganancias de la organización producto del tráfico de estupefacientes.